CARTA ABIERTA AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

 

Agosto 31, 2009.

 

           

Dr.  Miguel Ángel Mancera Espinosa,

Procurador General de Justicia

del Distrito Federal:

 

Por  este medio me permito distraer su atención, imagino concentrada en tratar de resolver la terrible inseguridad que se vive en la ciudad de México, para  hablarle de mi caso particular.

 

A las 5:50 horas del pasado martes 25 de agosto, en el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México, a mi llegada de la ciudad de Buenos Aires acompañado de mi hijo Emiliano, me fue entregada una notificación por el secretario Actuario del 12° Juzgado Penal, Licenciado Enrique Sánchez Valdez, en diligencia que no cumplió cabalmente con las formalidades exigidas por la ley, según lo establecen los artículos 83, 86, 90 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Penal para el Distrito Federal, por lo que me reservo mi derecho de presentar el recurso legal correspondiente a dicha violación.

 

Considero que en aras de cumplir con su sagrado deber, Arnoldo Alva, fiscal de Mandamientos Judiciales, no juzgó importante que la citada notificación contara con los mínimos requerimientos establecidos por  la ley, como es el nimio detalle de que en el citado documento no se menciona plazo alguno para que su servidor comparezca ante el juzgado, por citar alguno. Sin embargo, gracias al celo que siempre ha mostrado su dependencia cuando se trata de asuntos que me afectan, usted, como abogado de la ciudad, tuvo a bien declarar ante cuanto medio se le puso enfrente que yo contaba hasta el viernes 28 de agosto a las 5:50 horas para comparecer y pagar veintidós millones de pesos o se emitiría una orden de reaprehensión. Gracias a su oportuna intervención me enteré de ese detalle que no aparecía en la notificación.

 

Comprendo que cotidianamente se encuentre combatiendo la feroz inseguridad que afecta a todos los habitantes de la ciudad y más aún, que debido a los lamentables resultados que la Procuraduría a su digno cargo ha obtenido en esa lucha desigual, no haya tenido tiempo de conocer a profundidad la causa 38/07 del juzgado 12° Penal.

 

Sinceramente, ante hechos tan atroces como los de catorce niños desaparecidos de Casitas del Sur; la dificultad de cuadrar su teoría de la banda de la Flor con los Petriciolet; o enterarse de que en un operativo fallido, dos elementos de élite  de la corporación hayan muerto a manos de sus propios compañeros, sin mencionar que la secuestrada también falleció;  resulta lógico que no esté usted enterado de que, en lo que respecta a mi persona en la causa citada anteriormente, ya operó  la prescripción de la potestad para ejecutar las penas impuestas al suscrito, por lo que con fecha 28 de agosto de 2009, presenté ante el juzgado 12° de lo Penal  el correspondiente Incidente no especificado.

 

En reciprocidad a su fino detalle de hacerme saber los plazos con que contaba para responder a la notificación del 25 de agosto, le hago saber públicamente que, de acuerdo a la ley, el 24 de septiembre de 2008 prescribió la  pena de multa, mientras que el pasado 16 de agosto prescribieron tanto la potestad para ejecutar la pena privativa de la libertad como  la de la reparación del daño.

 

Tal vez lo subestimo y usted sí estaba enterado de la prescripción de la potestad para ejecutar las penas, y audaz -y si me permite decirlo- hasta pícaramente, utilizó la multicitada notificación para distraer a la opinión pública de los problemas que enfrenta la dependencia a su cargo. Si ese es el caso, lo felicito porque lo logró.

 

También me pareció un detallazo que el día que “vencía” el plazo, la PGJDF precisara que “…es del interés del juzgado y de la representación social que se cubra dicho pago, por lo que en el momento en que éste se efectúe se suspenderá cualquier solicitud de ejercicio de acción penal, pese a que haya concluido el plazo establecido”, sin embargo, le reitero que la potestad para ejecutar las penas prescribió.

 

Ojalá que la PGJDF tuviera el mismo celo cuando las resoluciones son a mi favor. Por mencionar un ejemplo, le recuerdo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su Recomendación 19/2007 emitida el 28 de diciembre de 2007, solicitó entre otras cosas que esa dependencia hoy a su cargo,  aceptara la responsabilidad de las violaciones cometidas en agravio de mis hijos, mi esposa y mi persona a través de una disculpa pública. A casi dos años de la Recomendación, la seguimos esperando. Hasta donde sé las recomendaciones sobre derechos humanos no prescriben.

Por otra parte, ese celo en velar por la justicia se ha omitido cuando yo he denunciado. Me permito recordarle que el 6 de junio de 2006, mis hijos y mi esposa sufrieron un atentado a las puertas de nuestra casa, donde les dispararon más de una decenas de balas y al día de hoy, la PGJDF no ha encontrado ningún responsable y muy ágilmente mandó la averiguación al archivo.  Considero desde mi muy particular punto de  vista que cuando se trata de delitos contra la seguridad de las personas y no de cuestiones económicas, la Procuraduría debería actuar de manera más expedita y responsable,  pero claro, entiendo que no se trata de sus hijos,  ni de los hijos de otro alto funcionario, son los hijos de Ahumada, tal vez eso importa menos, tal vez tienen otra categoría, son como la mayoría,  ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, en la ciudad de México cuando le disparan a unos niños y a una madre de familia, no hay nada que investigar,  francamente lo felicito por una impartición de justicia realmente ejemplar.

En diciembre de 2007, denuncié ante esa dependencia un atentado contra mi persona la que se decretó el no ejercicio de la acción penal; lo mismo sucedió con la denuncia que presenté por el delito de fraude procesal en el tema del Club León donde, a pesar de que los peritajes de la propia Procuraduría nos daban la razón, se decretó el no ejercicio de la acción penal.

Volviendo al tema de la causa 38/07 del juzgado 12° Penal, y nuevamente en reciprocidad, me permito hacer de su conocimiento a través de esta carta pública, que con mi conciencia tranquila, primero, porque soy inocente de lo que se me acusó en esa causa y, segundo,  ante la prescripción de la potestad para ejecutar las penas que definió la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 20 de septiembre de 2007, hoy me encuentro en Argentina atendiendo unos asuntos empresariales que surgieron gracias a su Operativo Notificación.

Estaré pendiente de la resolución del juzgado 12° de lo Penal en relación al Incidente no Especificado que le presenté y en su caso, acudiré a las instancias correspondientes con el único fin de dar por terminado este proceso que, desde mi muy humilde punto de vista, es un doloroso ejemplo de la politización de la justicia.

En confianza, le confieso que es mi más preciado anhelo que no se vuelva a repetir algo así por el bien de todos los habitantes de la ciudad de México; que no se vuelva a corromper la justicia en aras de la venganza y que los funcionarios públicos no se vuelvan a prestar a algo semejante, arriesgando su honorabilidad, su prestigio y el respeto de la sociedad.

 

A T E N T A M E N T E

 

Carlos Agustín Ahumada Kurtz

 

 

P.D. Estaré atento a los medios de comunicación para recibir la  disculpa pública según la Recomendación 19/ 2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.