En marzo de 2004 inauguramos en México una nueva forma de hacer política, pasamos de los libelos a los videos. En el primer capítulo observamos con enojo a Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, apostar en cada mano de black jack, 500 dólares, mucho más de lo que gana un mexicano promedio al mes. Dos días después tocaba el turno a René Bejarano, en su momento secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, a quien con asco veíamos acomodarse talegas de billetes hasta en los calzones.

Platicando en aquel entonces con Dulce María Sauri, senadora de la República, le pregunté si consideraba que podíamos pasar de los videos a las balas. Respondió que sí. Por fortuna se equivocó. Pero, sin duda, se abrió uno de los períodos más sucios de la política mexicana, que culminó con el desaseado proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Inexplicablemente, ante tanta evidencia videofilmada, al día de hoy no hay nadie recluido por los eventos que tanto enojaron a la opinión pública. Se demostró que el dinero no era de procedencia ilícita y se entregaba para efectos electorales, pero eso nunca se pudo probar. Total, que caímos en un marasmo de tecnicismos jurídicos que impidieron, como es costumbre en México, que se castigara a los culpables. Lo que se vio en los videos, independientemente de tipos penales, era un empresario con contratos para construir en el Distrito Federal, que entregaba dinero a personajes que podían influir en el otorgamiento de obras. Los ciudadanos no somos idiotas y estamos convencidos de que algo incorrecto sucedió.

El capítulo final de la historia lo vivimos la semana pasada, cuando Carlos Ahumada fue exonerado del último proceso penal que lo mantenía en prisión. Al filo de las 22:00 horas le notificaron el auto de libertad. A las 3:15 lo liberaron, sólo para que se escenificara otro capítulo lamentable en esta historia de impunidad y enfrentamientos personales. Afuera del reclusorio lo esperaban elementos de la PGJDF, para cumplimentar una orden de presentación. Con lujo de violencia, lo separaron de su recién reencontrada familia y lo trasladaron a la agencia 50 del Ministerio Público.

Las órdenes de presentación son actos administrativos del Ministerio Público que se derivan de citatorios no atendidos. Como es obvio, el señor Ahumada, a quien dicho sea de paso no defiendo, porque lo considero un pillo del mismo nivel que Bejarano e Ímaz, estaba localizable y era imposible que se negara a atender el citatorio que le hubieran girado. Por lo anterior, me suena todo el teatrito como un atento recado de Andrés Manuel López Obrador a un enemigo que le resultó más que incómodo.

Considero a Rodolfo Félix un extraordinario abogado, estudioso, técnico e informado como ningún otro titular que haya tenido la PGJDF. Creo que puede ser el comienzo de la solución de los problemas de procuración de justicia en la capital. Pero también muy peligroso que se preste, si así fue, a las vendettas personales del PRD. La impartición de justicia no se puede politizar, esto sería un crimen en sí mismo, porque, en esta lucha, a algunos les va la tranquilidad, pero a otros les va la vida.