Contrasentido
Todos hemos podido conocer, a través de los informativos de la televisión y la radio, o al leer los periódicos, de la cruenta lucha en contra del narcotráfico en particular, y el crimen organizado en general. Desde que en diciembre pasado el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a estos criminales, hizo ver que no sería fácil y que los costos que habríamos de pagar los mexicanos serían altos, especialmente, en vidas. Sus declaraciones, no dejaron lugar a dudas: las facturas serían caras. A pesar de la advertencia, todos los sectores de la sociedad, organizaciones sociales, grupos parlamentarios, partidos políticos, cámaras empresariales y demás, aplaudieron las medidas adoptadas por el Primer Mandatario. Hasta ahora, ha sido tal y como se pronosticó, de manera que nadie puede llamarse a engaño: las vidas perdidas en ejecuciones y atentados han sido muchas, y a este paso seguramente serán muchas más. Al parecer, los golpes inflingidos a las organizaciones criminales han sido de una magnitud tal que han respondido con una virulencia inusitada. Las acciones que han emprendido en los últimos días, han sido cada vez más audaces y violentas. Hace un par de semanas en Michoacán, fue emboscado un grupo de militares dejando como saldo varios muertos y heridos, provocando con ello la intensificación de los operativos en esa entidad. La semana pasada, en la ciudad de Apatzingán, también en ese estado, se dio otro cruento enfrentamiento que dejó a varios criminales muertos, tras un tiroteo que culminó con un bazucazo lanzado por los elementos del ejército mexicano. Las imágenes del incidente transmitidas por la televisión bien podrían haber correspondido a las calles de Afganistán y no Apatzingán. Esto ha provocado que algunos sectores se estén arrepintiendo de sus aplausos iniciales, y han empezado a pedir el retiro de la tropa de esta lucha contra el crimen organizado que, según dicen ahora, corresponde a los cuerpos de policía. Deberían preguntarse antes de dónde saldrán los policías suficientes para cubrir la falta de los más de veinte mil soldados que se encuentran enfrascados en los operativos. Entonces, resulta un contrasentido haber avalado el lanzamiento de toda la fuerza del Estado, tras las fuertes críticas de la sociedad en general hacia el evidente vacío de autoridad que dejara el gobierno anterior, para recular a las primeras de cambio y volver a dejarle la plaza a la delincuencia como si nada hubiera pasado.

¿Les truena la reversa?
Mala decisión sería esa, a menos que los legisladores tengan otra solución en la manga, para desincentivar el negocio del narco, como podría ser la legalización controlada de la venta y uso de algunos enervantes. Situación que ya ha sido esbozada por algunos grupos, pero a cuya discusión le han sacado la vuelta quienes ahora pretenden dejar nuevamente la responsabilidad del combate a la delincuencia organizada, en manos de las corrompidas corporaciones policiacas del país. En realidad, no conocemos las razones. Podrían ser de conciencia por los elementos de la autoridad caídos en la lucha; o bien, podría tratarse de razones de hoyito, como dirían en el mexicanísimo Jalisco, provocado por el fuerte temor que provocan en los personajes públicos las amenazas de este tipo de criminales que, hoy por hoy, alcanzan hasta al más custodiado; o, finalmente, podrían ser otras las razones de peso —o mejor dicho de pesos—, las que llevan a los dirigentes de estos grupos a echarse atrás en el apoyo a las medidas del Presidente, y solicitar el retiro de los elementos del ejército, alegando los más diversos pretextos.
Ni justicia ni gracia
Salió en libertad el empresario Carlos Ahumada. El pasado martes, el constructor que hizo pública la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, evidenciándola por medio de video grabaciones en donde aparecen diversos personajes —entre ellos René Bejarano, quien fuera el principal operador político de López y en aquel momento, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal—, fue declarado inocente por el juez, después de haber sido obligado a pasar más de mil días en cautiverio. El propio Bejarano, el principal protagonista de la aparente corrupción, mostrado en las imágenes recogiendo fajos y más fajos de dólares en un portafolios, para terminar embolsándose donde cupieran los que no alcanzaron espacio en él, fue liberado un par de años antes, después de pasarse unas cómodas vacaciones en el Reclusorio Sur, gozando de toda clase de privilegios que no tienen los presos comunes. Pantallas de plasma, reproductores de DVD, surtido ilimitado de películas, aire acondicionado, comida gourmet, así como visitas conyugales, conferencias de prensa y entrevistas sin límites, fueron algunos de los beneficios extraordinarios que tuvo Bejarano, como pago de sus invaluables servicios de fondeo para el proyecto presidencial de López. Esa es por lo menos la suposición de la clase política, analistas y periodistas, ante la ausencia de una explicación formal y realista del destino de las maletas de dólares que recibió este personaje, y del trato por demás preferencial que recibió de sus carceleros del gobierno capitalino encabezado por López. Ahumada, por su parte, estuvo encerrado en la más lúgubre celda del Reclusorio Norte. Fue incomunicado, vejado, mientras que el ex procurador Bernardo Bátiz y su equipo hacían la vista gorda, limitado en la atención de su salud, y toda una serie de violaciones adicionales a sus derechos humanos más elementales. Se dice que la peor frase que se le atribuye a Benito Juárez, quien ha sido probablemente el más grande prócer mexicano, es aquella que decía que “al amigo justicia y gracia, y al enemigo, justicia a secas”. Todo indica que ha sido este el caso de Carlos Ahumada, quien pasó de ser el amigo Carlos que le entraba generosamente con sus contribuciones al fondo para financiar el proyecto presidencial lopista, a ser considerado por los funcionarios cómplices de López como el peor enemigo de sus frustrados planes. Como lo señaló el propio Ahumada en lo poco que dijo públicamente el día de su liberación: Al final, contribuyó con su granito de arena para lo que sucedió el 2 de julio del año pasado.

Cinismo
Los funcionarios del gobierno capitalino se mostraron indignados ante lo que llamaron una sentencia express. Según ellos, así puede llamarse a los casi tres años que tardó el juzgador en emitir su sentencia. Evidentemente, a estos personajes les sobra el tiempo y para ellos, esos tres años son solo calderilla. Han utilizado la justicia como arma política desde que llegaron, allá por 1997. Casos ha habido muchos, unos más sonados que otros, pero todos con el mismo objetivo: La fabricación de culpables. Primero fue Samuel del Villar, luego, Bernardo Bátiz, y por lo que ha podido verse con la arbitraria y violenta reaprehensión de Ahumada, protagonizada por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tan sólo noventa segundos después de su liberación, ahora seguirá por el mismo camino el actual titular Rodolfo Félix Cárdenas. Ha habido sonados casos: Fernando Peña Garabito, Oscar Espinosa Villarreal, José “Pipino” Cuevas, Mario Bezares, y otro sin fin de ex funcionarios anónimos de la última administración federal que rigió la capital del país. Todos ellas, a cuales más, de desmesuradas arbitrariedades.