¡De la que nos libramos!, fue el
sentimiento que muchos tuvimos al ver el nuevo ultraje cometido
contra el preso político favorito de López Obrador: Carlos Ahumada.
Luego de ser puesto en libertad, antes de un minuto lo vimos
golpeado, humillado, vejado, arrastrado por los pies y el cuello
para aventarlo dentro de un auto entre los gritos de niños, sus
hijos, y de su esposa. Un secuestro exprés, era la imagen al quedar
vencidos sus custodios, agentes de la AFI dispuestos para protección
de su familia desde las amenazas de muerte en 2004. Pero no era un
secuestro: eran “agentes de la ley” aplicando una orden de
presentación que jamás mostraron. No le ahorraron ni el insulto de
la xenofobia. Los guaruras encargados de reaprehender a Ahumada,
mexicanos por el azar de su nacimiento, le gritaron su origen
argentino a quien es mexicano por voluntad propia, por elección. Con
más mérito que el de haber sido paridos aquí.
Acusado de fraude por las autoridades perredistas beneficiarias del
fraude, pasó más de tres años no sólo encarcelado, sino
incomunicado, sin permiso para dar a los medios su versión de los
hechos, con dificultades hasta para ver a sus defensores. Cada que
un proceso comenzaba a derrumbarse, sus fiscales añadían nuevos
cargos, inventaban otro proceso. Luego de más de tres años acusado
de delitos que no ameritaban cárcel, un juez declara que “fue
víctima de una injusticia” y lo pone en libertad. ¿Y esos tres años
de vida joven? ¿Y la incomunicación, las humillaciones, las
negativas a permitirle ser entrevistado? Llamar “injusticia” a lo
que hicieron con ese hombre y su familia es un burdo eufemismo. Fue
víctima de una feroz venganza, de un sadismo que tuvo por epílogo
una última tortura, la de permitirle 58 segundos de libertad antes
de arrastrarlo a otro juzgado y someterlo a nueve horas de
interrogatorio. ¿No lo tuvieron más de tres años para interrogarlo?
La reforma de nuestro sistema jurídico es urgente: no podemos seguir
los ciudadanos sometidos al terror de que una acusación, aun las más
falsa, nos ponga en la cárcel con la legislación atribuida a Pancho
Villa: “Tú mátalo, después güiriguas...”
Los hechos escuetos que llevaron a la cárcel a Carlos Ahumada los
vimos todos por televisión: como empresario favorito de los
gobiernos perredistas del DF recibía jugosos contratos a cambio de
pagos en efectivo tributados a los más altos jerarcas del PRD. Vimos
a René Bejarano, ex secretario particular de López Obrador y su
alfil en la Asamblea Legislativa del DF, llenando un maletín con
fajos de dólares que no cupieron, así que procedió a llenarse los
bolsillos, todos los bolsillos del traje. Vimos a Gustavo Ponce,
secretario de Finanzas de AMLO, jugando en Las Vegas y supimos que
era cliente VIP del más elegante casino porque asistía a jugarse
fortunas cada tres semanas.
A Bejarano, el político sobornado, le dieron unos meses de cárcel en
celdas acondicionadas como suite de lujo. A Ponce, el mismo López
Obrador lo puso sobre aviso en conferencia de prensa y le permitió
vaciar su oficina y borrar el disco duro de su computadora. Todo
ello a pasos de las oficinas del Peje. Luego lo escondió el PRD en
tierras perredistas, donde fue localizado por las autoridades
federales y aprehendido. A Carlos Ahumada, el empresario corruptor
de tan blancas palomas lo acaban de soltar, no sin antes recordarle
quiénes son.
Carlos Ahumada empleó hasta su atractivo varonil para llegar a los
más altos círculos del PRD. Recibió contratos multimillonarios por
encima de licitaciones y otros controles que el PRD acostumbra
tildar de “legaloides”. Pagaba el favor regresando parte de las
utilidades. Es lo que siempre habían hecho los encargados de compras
en los gobiernos del PRI: Tanto para ti, tanto para mí y queda
aprobado tu contrato. El PRD hace lo mismo porque son los mismos,
“una vez priista, siempre priista”, y conocen de memoria el camino.
Cuando el empresario vio en riesgo sus intereses, sacó su carta
secreta: había videograbado a todos los perredistas durante las
entregas de dinero. Bejarano dijo que López Obrador estaba al tanto
de los sobornos, lo mismo declaró Ponce (según Alejandro Encinas,
que recibió la última llamada del ya prófugo secretario de
Finanzas).
Esa fue la falta que hundió a Carlos Ahumada y le atrajo un encono,
una saña que no sufrimos ni los presos políticos de otros regímenes:
había desnudado la corrupción de los puros.