INDICADOR POLÍTICO


     ° DF: justicia de consigna contra Ahumada.
     ° Presionan AMLO, Ebrard, PGJDF y TSJ.



Por Carlos Ramírez

La liberación del empresario y editor Carlos Ahumada reveló el tráfico de influencias políticas en el Poder Judicial capitalino. El exjefe de gobierno López Obrador, su sucesor Marcelo Ebrard y el procurador capitalino Rodolfo Félix presionan a magistrados del Tribunal Superior de Justicia local a violentar las leyes para encarcelar de nuevo a Ahumada.

La intención del grupo político capitalino de López Obrador ha dejado ver severos conflictos en el Tribunal Superior de Justicia del DF y en los jueces de consigna. Ahumada interpuso el viernes sendas quejas ante la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura del DF para señalar conductas ilegales de magistrados del Tribunal que recibieron consignas de la Jefatura de Gobierno del DF.

El mismo viernes, el Tribunal Superior de Justicia capitalino creó una comisión de tres magistrados -Salvador Ávalos, Guillermo Arango de Anda y Javier Raúl Ayala- para revisar la resolución que emitirán los magistrados de la Primera Sala Penal del TSJDF sobre la negativa del juez 12 de librar una nueva orden de aprehensión contra Ahumada. Pero de inmediato autoridades del GDF presionaron al presidente del TSJDF para cancelar la comisión.

Los magistrados de la Primera Sala Penal -Eduardo Alfonso Gutiérrez Martínez, Jorge Ponce Martínez y José Francisco Chávez Hochstrasser- han quedado bajo observación por conductas de consigna oficial en contra de Ahumada. A esa Sala se transfirió la apelación que hizo el Ministerio Público capitalino contra la negativa del juez 12 a librar una nueva orden de aprehensión contra el empresario constructor.

El trasfondo del asunto se localiza en la orden girada por López Obrador al jefe de Gobierno y al procurador del DF para utilizar a magistrados en el Tribunal Superior de Justicia y conseguir de nueva cuenta la aprehensión de Ahumada. La liberación del empresario y editor demostró que su arresto fue una venganza por el daño causado a la popularidad de López Obrador al demostrarse la corrupción de sus principales colaboradores en el gobierno del DF.

Pero también va a revelar datos de una nueva violación de un amparo por funcionarios leales a López Obrador. La queja de Ahumada en la PGR y en la Judicatura capitalina exhibe datos precisos de cómo las autoridades del DF desdeñaron el cumplimiento de un amparo. En el GDF López Obrador se dedicó a violar amparos. Y cuando la autoridad federal quiso consignarlo, el tabasqueño se convirtió en una víctima plañidera de sus propios abusos de poder.

La queja de Ahumada señala que el juez Trigésimo Cuarto de lo Penal en el DF ordenó la libertad de Ahumada por desvanecimiento de datos el 11 y el 28 de noviembre de 2005. A partir de entonces, las autoridades del gobierno del DF usaron todas las artimañas de sus funcionarios judiciales de consigna para evitar la liberación de Ahumada. Y ello llevó al GDF a incumplir un amparo. Eso sí, por instrucciones del GDF el TSJDF presionó al juez 12 por negarse a emitir una nueva orden de aprehensión contra Ahumada.

La violación de un amparo a favor de Ahumada va a poner a las autoridades del GDF y a su sector judicial bajo una investigación penal. Los datos de la queja de Ahumada son precisos: en noviembre de 2005 obtuvo Ahumada una sentencia de libertad. La apelación de la Procuraduría se radicó en la ya famosa Primera Sala Penal del TSJDF. El 22 de febrero, los magistrados de esa Primera Sala revocaron la liberación. Ahumada, luego de varias vueltas, consiguió el amparo. En él se ordenaba a la Primera Sala a revisar su sentencia.

El 20 de marzo de 2007, el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del DF revirtió la decisión de la Primera Sala contra Ahumada de enero de 2007 porque cometió irregularidades. De acuerdo con la resolución, Ahumada debió de haber salido en libertad desde finales de marzo, pero las chicanadas legales de las autoridades judiciales de consigna alargaron el acatamiento del amparo.

De ahí la queja de Ahumada en la PGR y la Judicatura del DF contra los magistrados de la Primera Sala Penal porque incurrieron en omisiones e imprecisiones injustificadas, cometieron conductas al eludir el cumplimiento de un amparo, violaron las garantías de un procesado con conductas que constituyen delitos, produjeron un daño a un acusado al retardar el cumplimiento de un amparo y "retardaron y entorpecieron maliciosamente y por negligencia la administración de la justicia".

En este contexto, la instrucción de los policías judiciales el día que Ahumada salió libre no fue la de ejercer un citatorio sino simplemente golpear el empresario por la impotencia jurídica de las autoridades del GDF y de la Procuraduría capitalina. Se trató de una acción típica de intimidación al viejo estilo de las mafias policiacas priistas.

En este contexto ofreció resultados una encuesta de GEA-ISA del 16 de mayo: 70 por ciento señaló incorrecta la manera en que judiciales golpearon a Ahumada al salir en libertad, el 83 por ciento declaró estar insatisfecho con la Procuraduría capitalina por enviar a judiciales golpeadores, el 64 por ciento aceptó que Ahumada sí era un preso político de López Obrador, el 70 por ciento afirmó que había persecución política contra el empresario y el 61 por ciento concluyó que aun sin los videos de todos modos López Obrador habría perdido las elecciones.