El primero de mayo pasado, unos
policías de élite en Los Ángeles fueron provocados por un pequeño
grupo de manifestantes en la multitudinaria marcha realizada por
inmigrantes ese día en varias ciudades estadunidenses. Los policías,
que podrán ser de élite pero demostraron ser indudablemente
racistas, arremetieron contra todo y contra todos, dejaron varios
descalabrados, entre quienes se encontraban algunos periodistas por
lo que el caso trascendió a la opinión pública. Ante ello, en menos
de 48 horas, el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, dio
órdenes al jefe de policía de esa ciudad, el mítico William Bratton,
el verdadero creador y desarrollador de la estrategia mal conocida
como tolerancia cero en Baltimore y Nueva York, de dar de baja a los
jefes del grupo y suspender a los 60 agentes que participaron en los
hechos, mientras se investiga lo sucedido.
Ayer, en el DF, se dio un hecho bochornoso. Carlos Ahumada, quien
podrá generar simpatías o antipatías, podrá ser acusado de haber
traicionado al perredismo (o a López Obrador, que no es lo mismo),
pero que en realidad fue desde 2004 un preso político del Gobierno
del DF, al haber difundido los famosos videos en los que se ve a
René Bejarano, el hombre de confianza de López Obrador, recibiendo
cientos de miles dólares en forma ilegal (pese a lo cual Bejarano
estuvo preso sólo unos pocos meses, en condiciones de lujo, goza de
total libertad y sigue dirigiendo una fracción muy importante del
PRD, sin que nadie lo moleste), producto, según Ahumada, de una
extorsión, fue "liberado" ayer al agotarse las cuatro causas
existentes en su contra. En realidad, guste o no Ahumada, no había,
desde el inicio, ninguna justificación para detenerlo: todas las
causas podían haber sido tratadas como faltas administrativas e
incluso las obras que se argumentó que no había realizado podrían,
como se hace en innumerables casos, agotarse extendiendo plazos o
cobrando la fianza que cada licitante para una obra pública debe
presentar como condición en cada concurso. No fue así. Ahumada fue
detenido ilegalmente en Cuba, incomunicado e interrogado durante
días sin que se permitiera la presencia de un abogado o familiar,
expulsado a México sin pasar por el trámite legal de la extradición,
entregado al gobierno de López Obrador, que actuó de manera vil
contra el detenido: porque Bejarano, cuando fue aprehendido, tuvo
horas para prepararse y buscar su ropa, sus alimentos, mientras la
esposa, Dolores Padierna, iba cada día a visitarlo e ingresaba con
una camioneta repleta de víveres y enseres por el área de
funcionarios del Reclusorio y Bejarano tenía a su disposición cuatro
celdas, para vivir, durante los pocos meses en que estuvo detenido.
En cambio, Ahumada fue humillado, las autoridades permitieron el
ingreso de fotógrafos a los baños y lo retrataron en paños menores y
así se publicó en algún medio, se le tuvo bajo estrictas medidas de
seguridad y jamás se permitió una entrevista con el detenido,
mientras que cada vez que se agotaba un proceso se inventaba otro
para prolongar la detención.
Ahumada tenía que haber sido liberado el lunes antes de la
medianoche. La orden fue librada, por el juez correspondiente, a las
22 horas. Las autoridades capitalinas esperaron hasta las tres de la
mañana para liberarlo. Estuvo en la calle exactamente un minuto,
cuando agentes de la Procuraduría del Distrito Federal arremetieron
contra periodistas, familiares y custodios del empresario y, sin
mostrar orden alguna, a golpes (que provocaron heridas y desmayos
entre los agredidos) lo metieron en una patrulla y dejaron el lugar.
Nadie se molestó en siquiera dar una explicación hasta seis horas
después, cuando el procurador del DF, Rodolfo Félix Cárdenas, salió
a decir que en realidad Ahumada había sido llevado a rendir
declaración ante el MP por una nueva causa abierta en su contra,
pero que, cuando terminara su declaración, podría quedar en
libertad.
El hecho habla muy mal de las autoridades capitalinas y de un hombre
como el procurador Félix Cárdenas, que llegó con buenas credenciales
e intenciones a la PGJDF, pero aquí demostró actuar,
lamentablemente, por consigna. Si faltaba alguna declaración y la
orden de presentación era de meses atrás, como se dijo, debería
haber sido tomada en el Reclusorio, no esperar la liberación para
detenerlo nuevamente y realizar esto con enorme lujo de violencia,
violando la ley y hasta el sentido común. También es inadmisible que
pasen horas sin que se proporcione información alguna y ningún
funcionario se haga responsable de los hechos.
López Obrador demostró, durante su gobierno, no sólo desprecio por
las leyes, sino también un trato diferenciado para cualquier
detenido, ya fuera amigo o enemigo (según el ex candidato
presidencial no hay nada entre esos dos extremos). El propio Marcelo
Ebrard, en su discurso de toma de posesión, se refirió al tema y se
comprometió a que la justicia ya no haría distingos y se aplicaría
de manera imparcial. Hasta ahora había sido así, pero en este caso,
sensible y político, se actuó ilegalmente y con evidente
parcialidad. Si Ebrard actuara como Villaraigosa, tendría, por lo
menos, que ordenarle al procurador Félix Cárdenas (que además, como
perteneció al equipo defensor de Bejarano, debería ser especialmente
cuidadoso en este caso) que investigara lo sucedido y suspendiera a
los elementos que participaron en la bochornosa detención de
Ahumada, sin exhibir orden alguna y agrediendo a quienes lo
rodeaban.
Insisto: no se trata de si nos agrada o no Ahumada, sino de
establecer un marco legal que sea igual para todos y que la ley no
se aplique, como en la más desafortunada frase de Benito Juárez, con
justicia y gracia para los amigos y con justicia a secas para los
enemigos. Acabar con eso era uno de los compromisos de Ebrard: ayer
lo violó. No debe repetirse.