Una de las mejores definiciones que he leído sobre cuál es la
diferencia entre las naciones que han logrado ingresar al
círculo virtuoso del desarrollo y las que no pueden salir del
círculo vicioso del subdesarrollo, se la dio, el economista
Rudiger Dornsbusch a Andrés Oppenheimer en su libro Cuentos
Chinos: la diferencia está en que las primeras son naciones con
regímenes legales flexibles que se aplican de una manera rígida;
los segundos son países con sistemas legales rígidos que se
aplican de forma flexible.
Una de las mejores definiciones que leído sobre cuál es la
diferencia entre las naciones que han logrado ingresar al
círculo virtuoso del desarrollo y las que no pueden salir del
círculo vicioso del subdesarrollo, se la dio, poco antes de
morir, el economista Rudiger Dornsbusch a Andrés Oppenheimer en
su libro Cuentos Chinos: la diferencia está, le dijo el que
fuera la cabeza económica de MIT, en que las primeras son
naciones con regímenes legales flexibles que se aplican de una
manera rígida; los segundos son países con sistemas legales
rígidos que se aplican de forma flexible.
Allí está la enorme diferencia, la rigidez de la norma legal
combinada con la flexibilidad de la aplicación es la que
propicia los abusos, la corrupción, la discrecionalidad de las
autoridades, la ausencia de una real certidumbre jurídica para
los ciudadanos y las empresas. La rigidez de la norma aunada a
la flexibilidad de su aplicación, deja a la sociedad civil, de
una u otra forma, en manos de las autoridades: ellas deciden
cuándo habrá rigidez y cuándo flexibilidad o como dijera don
Benito Juárez a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la
justicia a secas.
Lo que está ocurriendo con el hotel María Isabel Sheraton se
adapta perfectamente a este estereotipo: evidentemente, los
administradores de ese hotel cometieron una falta al no permitir
alojarse allí a un grupo de funcionarios cubanos (por cierto,
insistimos en la pregunta: ¿por qué allí, en el María Isabel, a
unos metros de la embajada estadounidense, realizar la
reunión?¿por qué no se realizó en el hotel Meliá, de capital
español y con fuerte presencia en la propia Cuba, como
originalmente estaba planeado hacerse en Cancún?¿con qué
categoría migratoria ingresaron los funcionarios cubanos a
México?¿estaba autorizada por nuestras autoridades la reunión de
negocios que tenían planeado realizar con empresarios
estadounidenses?), que debe inscribirse en una violación a la
ley de instituciones mercantiles, más que en la ley de
discriminación. Eso amerita una sanción con una multa. La
expulsión no es justificable, como tampoco el bloqueo o alguno
de sus instrumentos, como la ley Helms Burton, y no lo son
porque esos instrumentos en lugar de debilitar la dictadura
cubana en realidad hacen sufrir a su pueblo y son la coartada
que utiliza el régimen para limitar aún más las escasas
libertades de las que goza su gente.
Pero de allí a la utilización panfletaria y propagandística de
una sanción ejemplificadora contra un hotel con más de cuarenta
años de presencia en la ciudad de México hay una distancia muy
amplia. Lo actuado esta semana por las autoridades capitalinas
es vergonzoso y es una demostración de una forma de entender el
ejercicio de la autoridad que resulta paradigmática. El María
Isabel pasó, en horas, de ser uno de los hoteles más
representativos de la ciudad a ser la suma de todos los males
por una decisión política. El miércoles en la mañana en el
programa de Carmen Aristegui, el mikembro del equipo de
dirección de la campaña de AMLO, Federico Arreola, adelantó que
en el caso del María Isabel había que realizar inspecciones para
ver en qué condiciones funcionaba ese hotel. Casualmente, apenas
un par de horas después lo mismo se le ocurrió a la delegada en
la Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, que, en una decisión que dice
que no tiene nada que ver con el caso de los cubanos, envió a
cuantos inspectores tenía a la mano para revisar el
funcionamiento, la construcción, las licencias, los bares y
hasta los menús del hotel. Y encontraron todas las anomalías
posibles, comenzando por una construcción de tres mil metros
cuadrados que dicen que no respeta las normas y terminando con
el hecho de que no cuenta con menús en braile en sus
restaurantes. Jaramillo ya adelantó que los propietarios podrán
tener derecho de audiciencia pero que “la magnitud de las
irregularidades encontradas” son tantas que en 20 días un hotel
con 40 años de antigüedad al que nunca antes las autoridades
capitalinas le habían encontrado ninguna irregularidad y ahora
resultó que es casi un compendio de ilegalidades, será
clausurado.
En realidad es una burda venganza política por un hecho
significativo (el no alojamiento de los funcionarios cubanos)
pero menor, hechos de discriminación de esas características
ocurren a diario, que se está utilizando, una vez más, como un
instrumento publicitario. Lo grave es que no es la primera vez
que desde el gobierno la gente de López Obrador actúa de esa
manera: en sus diferentes procesos por no aceptar decisiones
judiciales, las autoridades capitalinas lo que han hecho es
lanzarse contra sus acusadores, persiguiéndolos con saña. Los
datos ahí están y van desde el caso de el caso de los
propietarios de El Encino (que motivó el proceso de desafuero de
López Obrador) que además de perseguidos se han quedado sin
nada, pese a contar con una resolución judicial en firme que los
debería proteger, hasta la diferencia
notable en los tratamientos de los casos de Carlos Ahumada y
René Bejarano: mientras el primero fue perseguido y entregado
sin juicio de deportación por los cubanos, llevado con un
despliegue de medios espectacular a prisión, humillado,
fotografiado en paños menores en pleno reclusorio y quedó
recluido en una celda con máxima seguridad, Bejarano, el
ex secretario particular de López Obrador, no fue molestado,
cuando fue detenido, la policía judicial del DF esperó,
acompañando a la familia, durante horas en su casa hasta el que
propio Bejarano decidió ingresar al reclusorio, lo hizo sin
cumplir con todos los requisitos legales e incluso utilizando
ropa no reglamentaria. Cuando finalmente se instaló allí, le
habían acondicionado una celda especial, amplia y con libertad
de movimientos, visitas diarias de su familia y amigos y
finalmente, terminó saliendo en libertad sin problema alguno. Y
todavía la gente de López Obrador dice que éste persiguió a
Bejarano y sus actos de corrupción. Al contrario, cada vez que
Ahumada se acerca a la libertad, el gobierno del DF le inicia
otro proceso, aunque sea una copia del anterior. Lo mismo
sucede con el ex regente Oscar Espinosa acusado de un delito
inventado. O con la empresa española EULEM perseguida por el
“delito” de haber ganado un concurso mercantil para colocar
publicidad en los parabuses y no aceptar que le cambiaran
ilegalmente las condiciones de operación. O en otro plano con la
irracional persecución a la consejera María Elena Pérez Jaen, a
la que no le perdonan no seguir al pie de la letra las
instrucciones del gobierno capitalino. La lista podría ampliarse
mucho más, pero allí están algunas de las principales historias
que se enlazan con la del María Isabel Sheraton y que confirman
la persecución, vía la utilización de todas las armas de presión
del estado contra quienes se considera enemigos. Ayer mismo, el
propio Alejandro Encinas decía que, además de todo lo enumerado,
se le iniciaría otra demanda al hotel por violación de los
derechos humanos (sic).
Una demostración más de esa forma tenebrosa de ejercer el poder,
la tenemos con las declaraciones del vocero perredista Gerardo
Fernández Noroña sobre un presunto “sistema de inteligencia” de
su partido que se habría infiltrado en el equipo de Felipe
Calderón de donde habrían obtenido información privilegiada,
incluso de quiénes serían los miembros del gabinete del
candidato panista si éste ganara las elecciones. Pasaron horas y
hubo innumerables reacciones críticas respecto a lo dicho por
Fernández Noroña, hasta que éste salió a decir que todo era una
broma. Nadie lo asumió como tal Lo cierto es que esa declaración
es suficiente como para iniciar una averiguación previa contra
el vocero y su partido, por esa presunta infiltración ilegal,
pero además, no deja de ser significativo que apenas unas horas
antes su jefe, López Obrador, había dicho que no utilizaría el
Cisen para espiar a sus rivales políticos...claro, no dijo nada
de utilizar un “sistema de inteligencia” partidario para ello.
Lo que sucede es que la intolerancia y el mesianismo siempre van
de la mano, siempre creen tener la suma de la verdad en su
regazo.
jfernandez@milenio.com
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