Los
signos se multiplican, cada día la opinión pública parece aceptar
más fácilmente, más dócilmente, actos de poder que desde cualquier
perspectiva son inaceptables. Es como si cansados de pelear,
desencantados quizá, cediéramos palmo a palmo frente a los gobiernos
en la definición de lo que se vale y lo que no. Como si la
frivolidad y los excesos del foxismo les hubieran terminado dando la
razón a los amantes del orden, a los nostálgicos del viejo régimen.
Los ejemplos son varios. El más reciente es el trato que se le dio a
Carlos Ahumada a su salida de la cárcel. Y aquí no importa quién sea
ese señor ni lo que haya hecho, es un mexicano a quien los jueces
ordenaron liberar y que, a su salida, en una escena digna de un
relato de Gonzalo N. Santos, los policías le recetaron una
bienvenida atroz y rencorosa. Ahumada fue víctima de un trato
inaceptable e indignante de parte de los agentes del gobierno de
Marcelo Ebrard y éste no ha sentido la necesidad de disculparse con
todos nosotros por semejante afrenta. Las imágenes que todo el país
ha podido ver son elocuentes: Ahumada salía, después de tres años,
del Reclusorio, abrazado de sus tres hijos cuando un grupo de
policías ministeriales, sin identificarse ni dar explicaciones, se
le fueron encima y a la fuerza lo metieron en un automóvil y lo
llevaron a la agencia 50 para que, y esto es increíble, ratificara
una firma. Escucho pocas voces indignadas. Es obvio que muchos,
sobre todo en la izquierda, piensan que se lo merece por traidor,
por haber destapado la cloaca del financiamiento de las campañas
perredistas y haberse aliado con Salinas y Fernández de Cevallos
para desprestigiar y destruir a Andrés Manuel López Obrador. Se
equivocan. Independientemente de lo que haya hecho, y de quien sea,
de la turbia forma en que siempre se condujo, de lo antipático que
pueda resultar, deberían defenderlo del uso pandillesco de la fuerza
pública que le han aplicado tres gobiernos perredistas. ¿Por qué no
se escandalizan de ver a varios gobiernos encabezados por militantes
de izquierda, como López Obrador, Encinas y Ebrard, hacer uso de su
poder según lo hubiera hecho cualquier regentucho del régimen
priista? ¿Por qué aceptar la venganza desde el Estado como algo
natural?
Desde luego, muchos dirán que esto es una guerra sin cuartel y que
los panistas impolutos de antes no se inmutaron cuando el sexenio
pasado invocaron al sacrosanto Estado de derecho para descarrilar a
su principal adversario aplicándole una ley que no había servido ni
para desaforar a presidentes municipales. ¡Había que poner un
ejemplo!, decían, sin sonrojarse.
Pero el de Ahumada no es el único caso. Es uno más del uso del
poder, de los recursos del Estado para satisfacer venganzas
personales o de grupo. Otro ejemplo reciente es la condena de los
líderes del movimiento de San Salvador Atenco a 67 años de cárcel.
Sí, es cierto que cometieron muchos delitos a lo largo de los años,
sí fuimos testigos de que recurrieron en varias ocasiones a retener
a funcionarios para presionar al gobierno del Estado de México, sí
abusaron y amedrentaron con sus machetes y sí algunos de sus
militantes golpearon salvajemente a policías indefensos, pero
condenarlos a 67 años de cárcel es nuevamente confundir la justicia
con la venganza. Es recurrir, como en el viejo régimen, a la
política del escarmiento. Es negar de tajo cualquier aspiración de
instaurar un verdadero Estado de derecho.
No he escuchado a ningún político, a ningún funcionario del Estado
de México o en el poder federal, decir, en este ambiente justiciero
y vengativo que domina, lo evidente: que esta pena es
desproporcionada. Y me temo que no lo dicen porque no lo piensan.
Ninguna investidura, ni siquiera la del gobernador, debería ser un
impedimento para mostrar públicamente mesura y sentido común. No
tendría por qué ser visto como un signo de debilidad y, si la
independencia del Poder Judicial en el Estado es real, tampoco
correría peligro de ser vista como una orden.
Ocurre lo mismo con el encarcelamiento en el penal de máxima
seguridad del Altiplano, de Flavio Sosa, el líder de la APPO. Y,
nuevamente, reconociendo que él y su grupo cometieron excesos e
incurrieron en delitos, es impensable que se le mantenga en esa
cárcel al lado de los más peligrosos asesinos y narcotraficantes.
Todos estos casos nos envían una señal muy clara, no es que estemos
camino de una sociedad de leyes y más justa, nada de eso, nos
confirman simplemente que seguimos viviendo en una sociedad donde la
ley sólo se aplica, y de forma rigurosísima, para unos cuantos.
Porque a los policías que apalearon a los manifestantes en Atenco se
les "aplicó la ley", es decir, un castigo administrativo, y los que
mataron —no retuvieron ni amarraron a un poste— a 21 personas en
Oaxaca, no los han podido detener a pesar de que las autoridades de
esa entidad cuentan con extenso archivo fotográfico de todos ellos.
Lo mismo ocurrió con los hermanos Jacinto y Jorge Pineda, a quienes
el país entero vio apalear hasta la muerte al profesor Serafín
García, en Huautla de Jiménez, Oaxaca, y que, hasta la fecha, se
pasean orondos por las calles de esa localidad.
Los casos son muchos y las historias, conocidas, la única novedad es
el silencio cómplice en que se cometen. Nos estamos dejando.