Carlos Ahumada inició el 4 de mayo de 2005 una huelga de hambre en su celda del Reclusorio Norte. Para levantarla pedía a la Procuraduría del Distrito Federal que aceptara y desahogara las pruebas de descargo por el presunto fraude del que se le acusaba en la delegación Tláhuac (la quinta causa), que el Ministerio Público se había negado a recibir pese a la orden de un juez de amparo. De acuerdo con sus familiares, para el 18 de mayo, Ahumada pesaba 59 kilos, 17 menos que en marzo de 2004, cuando hizo explotar los videoescándalos.

Tomó la decisión de ir al ayuno luego de que el procurador Bernardo Bátiz recibiera a su esposa, Cecilia Gurza, y le dijera que haría lo posible para rescatar la averiguación por el presunto fraude de 29 millones de pesos por obra no entregada, y así se pudieran integrar las pruebas que pedía el constructor. Pero Bátiz no cumplió. A los pocos días, el Ministerio Público consignó el expediente sin admitir las pruebas.

¿Por qué la obsesión con las pruebas? Porque, según Ahumada, eran contundentes y demostraban que nunca se había producido el presunto fraude. Es decir, si las pruebas se integraban a la averiguación previa, el juez tendría elementos para rechazar la orden de aprehensión. Pero si se integraban durante el juicio, Ahumada tendría que pasar en la cárcel el tiempo que durara el proceso. Era la posibilidad de dejar el Reclusorio Norte antes de que terminara 2005, o quedarse ahí de uno a dos años más.

Las “pruebas de la quinta causa” son sólo otro ejemplo de cómo el gobierno de López Obrador y Bátiz trató a Ahumada, su preso político. Lo increíble es que hoy, en vez de guardar silencio ante las cinco derrotas judiciales que les propinó, Bátiz lo insulte.