El martes 26 de octubre de 2004, a invitación de Federico Arreola y Carlos Marín, y en presencia de ellos dos, comí en un restaurante del Lago de Chapultepec con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Me dijo, cordial, que le dolía lo que yo opinaba sobre los dos temas que habían tensado nuestra relación: mi crítica a la actitud que asumió ante la marcha ciudadana contra la inseguridad de junio de ese año y, especialmente, que llamara a Carlos Ahumada preso político de López Obrador.

Bien enterado de los detalles, Andrés Manuel expuso el caso de Ahumada. Y concluyó: “Nosotros no actuamos así, nosotros no perseguimos a nadie”.

Nueve días después, el jueves 4 de noviembre, mientras el país político seguía por televisión el juicio de desafuero de René Bejarano, Juan Eligio Rodríguez, juez 50 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente, llegó al Reclusorio Norte. Iba a notificarle a Ahumada que enfrentaría un nuevo juicio, pues la Procuraduría del DF lo acusaba ahora por un cuarto delito: promoción de conductas ilícitas. Y a informarle que justo en ese momento tendría lugar una audiencia.

La visita tomó por sorpresa al constructor. Los custodios aparecieron en su celda para escoltarlo al juzgado, donde el juez Rodríguez le dijo que si no declaraba en ese instante, no tendría derecho a pedir nada. Y para que no quedara duda de dónde estaba el poder, le designó ahí mismo un defensor de oficio.

Siete meses después de ingresar a la cárcel, Ahumada se enteraba ese jueves que encararía una extraña cuarta causa, suficiente para tenerlo tras las rejas en los turbulentos días que se avecinaban para López Obrador. Remontar las causas le tomaría los siguientes 29 meses de su vida.