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El informe secreto de Ahumada en Cuba
Carlos Ahumada aterrizó en La Habana el 27 de febrero de
2004. Lo hizo en un jet de su propiedad por la terminal 5
del aeropuerto internacional José Martí, lugar destinado a
los vuelos privados. El nombre de sus dos o tres
acompañantes quedó reservado por 12 años en el informe del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que
relata su estadía, detención, interrogatorio y deportación
de Cuba, y que en segmentos ya desclasificados dos años,
después de ocurridos esos hechos, afirma que por la
escrupulosa vigilancia con que opera esa terminal de la
aviación privada, el gobierno de Fidel Castro estuvo
enterado en todo momento de los movimientos de Ahumada en la
isla.
El Cisen está convencido que el gobierno cubano comprendió
de inmediato la importancia de ese visitante para la
coyuntura política mexicana, cuando días después de su
arribo, el 1 y 3 de marzo, Televisa difundió los videos
grabados por Ahumada de personajes cercanos a Andrés Manuel
López Obrador involucrados en presuntos actos de corrupción.
La información desclasificada precisa que fue el 17 de marzo
cuando la AFI le pidió a Interpol La Habana la detención de
Ahumada con fines de extradición, pero el empresario -según
se informó en su momento- fue detenido hasta el 30 de marzo,
esto es, 13 días después de la solicitud mexicana y no
obstante que el gobierno de Castro sabía de su presencia en
la isla desde el momento mismo de su arribo. Además, cuando
la detención ocurrió, le habían renovado la visa el 27 de
marzo, un día antes de su vencimiento. Y más aún, la medida
cautelar fue expedida por el fiscal cubano Luis Lorenzo
Palenzuela Páez hasta el 5 de abril, por lo que el Cisen
infiere -y el gobierno de Fox le compró la idea- que se
abrió un período de por lo menos cinco días en el que se
mantuvo a Ahumada bajo custodia, en un lugar privilegiado de
la isla, mientras se le sacaba información y se intentaba
cambiar con ella el posible sentido del voto mexicano
respecto a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, en Ginebra. Pero ese sentido no cambió y el voto
mexicano fue contrario a Cuba el 15 de abril de aquel 2004.
La medida cautelar del fiscal cubano sugiere asimismo que en
el caso Ahumada pesaron más las consideraciones políticas
que las jurídicas. Y ese sendero, el político, fue el que
tomaron las autoridades cubanas al interrogarlo
exhaustivamente y deportarlo el 28 de abril.
Respecto al interrogatorio, el documento del Cisen afirma
que se violó el Tratado de Extradición firmado por México y
Cuba el 25 de mayo de 1925, pues éste no faculta a las
autoridades del país al que se solicita la extradición a
realizar investigaciones sobre el contenido de los delitos
por los cuales se realiza una persecución internacional.
Y por lo que hace a la deportación, el Cisen argumenta
violaciones a la propia Constitución cubana, pues refiere
que esa figura jurídica sólo aplica cuando hay
incumplimiento de los requisitos migratorios a que están
obligados los extranjeros, y Ahumada había cumplido con
todos ellos. Luego entonces, el gobierno cubano disfrazó de
deportación lo que en realidad fue una expulsión, pero ésta
-agrega el informe- pudo haber ocurrido sin fundamento
constitucional, ya que los únicos supuestos para que proceda
es el incumplimiento de las leyes de Extranjería y de
Migración, no atribuibles a Ahumada.
Por lo anterior el gobierno mexicano concluyó que el cubano
utilizó este caso para presionarlo a cambiar su política
exterior, injerencia que lo obligó a llevar las relaciones
diplomáticas casi hasta la ruptura.
rrodriguezangular@hotmail.com |
