BOLETÍN DE PRENSA

Por este medio me permito informar a la opinión pública que desde el pasado día 4 de mayo inicié una huelga de hambre dejando de consumir sólidos y a partir del día 6, dejé de ingerir líquidos. Esta medida extrema es la única respuesta que me dejan frente a las diversas irregularidades judiciales que se han presentado en mi contra y que me obligan a exigir justicia por este medio, entre ellas las que señalo a continuación:

1.- Todos los delitos que se me imputan competen, en dado caso, al ámbito administrativo y civil, sin embargo, todos estos asuntos han sido llevados al terreno penal.

2.- En este escenario, todas las averiguaciones previas y consignaciones en mi contra han sido manipuladas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Aún así, en cada uno de los cuatro procesos que enfrento he obtenido uno a uno los amparos solicitados.

3.- El 4 de mayo pasado, la PGJDF consignó ante un juez la quinta averiguación en mi contra, correspondiente a un supuesto fraude en la delegación Tláhuac. En dicha averiguación, iniciada en abril del 2004, y contrario a todos mis derechos constitucionales y procesales, se rechazaron las pruebas ofrecidas por mi defensa desde septiembre del 2004. Hoy, la presentación de estas pruebas está protegida por un amparo federal y por una solicitud de medidas precautorias de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que así se pronuncia frente a una situación a todas luces violatoria de mis derechos de defensa.

4.- Frente a esto, el 3 de mayo pasado el procurador Batiz se comprometió con mi esposa Cecilia Gurza, a recuperar y a revisar la averiguación previa, sin embargo, el mismo día que estableció este compromiso y pasadas sólo seis horas, la consignó ante el juez 34º del fuero común.

5.- Este mismo juez, actuando de manera imparcial y apegada a derecho, rechazó la orden de aprehensión y devolvió el expediente el pasado 9 de mayo argumentando lo mismo que ya habíamos denunciado: una mala integración de la averiguación previa y señalando que se debían aceptar y desahogar las pruebas de mi defensa. Hasta este momento, siguen sin autorizarme a presentar estas pruebas.



Por todo lo anterior, exijo a las autoridades del Distrito Federal:

1.- El cese del hostigamiento jurídico hacia mi persona y el estricto apego a derecho y a los procedimientos legales y jurídicos establecidos por las leyes de este país, desde la Carta Magna hasta la Ley de Obra Pública.

2.- La designación de un fiscal independiente cuyo trabajo y desempeño no esté sujeto a conflicto de intereses.

3.- La aceptación y desahogo de las pruebas de mi defensa presentadas en las averiguaciones previas FAE/DT2/25/04-03 y FAE/BT3/33/04-04, mismas que se encuentran respaldadas por un amparo federal.

4.- Que se me notifique oportunamente y se me den los derechos de defensa consagrados en la Constitución Mexicana ante el Ministerio Público y no solamente ante el juez en cualquier otra averiguación previa que pudiera existir. La gran diferencia entre tener el derecho de defenderme en la averiguación previa a hacerlo frente a un juez, es permanecer en la cárcel.

5.- Al Jefe de Gobierno, le reitero las preguntas que hemos venido haciendo insistentemente y que a dos semanas de que mi esposa las hiciera públicas en el canal 40 no han sido respondidas: Durante los cuatro años de su gobierno, y pesar del muerto y los heridos en las obras del segundo piso o las deficiencias de las ciclopistas o el retraso del metrobús, por citar algunos ejemplos, ¿cuántos contratistas de obra pública han sido encarcelados con el cargo de incumplir un contrato, además de mí? ¿cuántas denuncias penales ha presentado la Contraloría General del Distrito Federal contra algún otro contratista? Insisto en que mis procesos son de índole administrativo o civil y en que soy el único constructor del Distrito Federal al que se los han convertido en penales, aún sin comprobar el incumplimiento.
Le solicito que de respuesta clara y contundente a estas preguntas, de lo contrario nos quedará claro que sí soy un preso político de su gobierno. ¿De no haber dado a conocer los videos por todos conocidos, me encontraría en esta situación?

6.- Que consideren, irrestrictamente y con todas sus consecuencias, la advertencia del jefe de Gobierno frente a su propio proceso: si hay consigna política no hay criterio jurídico.



A los medios de comunicación, los invito, de la manera más atenta:

1.- A revisar, hasta el último detalle, los expedientes de mis procesos judiciales. Andrés Manuel López Obrador así lo dijo ayer en su conferencia de prensa estableciendo el compromiso de hacerlo.

2.- A constatar mi estado de salud, menospreciado y banalizado por las autoridades del Distrito Federal.

3.- Pongo a su disposición toda la documentación generada, toda la información técnica y jurídica que requieran, cualquier explicación que sea necesaria respecto a los procesos que enfrento.

Para concluir, durante trece días no hice público el hecho de que había iniciado una huelga de hambre, se lo informé, desde el primer día, únicamente a las autoridades con el objetivo de que oyeran mi voz, pero ante la burla, la negativa y la necedad de las autoridades del GDF, y concretamente del Procurador Batiz y sus subalternos, de que no aceptarán las pruebas, actuando únicamente en su conveniencia propia, me veo en la necesidad de hacerla pública. Por último, y respondiendo por adelantado a mis detractores, declaro que soy el único responsable de esta decisión que asumo plenamente y con todas sus consecuencias, de esta medida que sí es desesperada pero que nada tiene que ver con la “conmiseración” a la que alude el Procurador Batiz o a la “estrategia” de mis abogados, como planteó el Ing. Zambrano. Soy el único constructor de obra pública encarcelado, llevo un año en prisión enfrentando cuatro procesos plagados de irregularidades, no pido ni privilegios ni favores, ni tratos especiales, exijo, como cualquier ciudadano, como cualquier indiciado, el ejercicio pleno de mis derechos constitucionales de manera justa, imparcial y apegada a derecho.



México, D.F., 17 de mayo de 2005
CARLOS AHUMADA KURTZ